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En estos momentos, Jaume Matas y José María del Nido están a la espera de que el gobierno resuelva una petición de indulto que les impida entrar en la cárcel. Aunque ya hemos visto a presos pidiendo el indulto, estos casos resultan especialmente irritantes.

Un indulto debería ser una medida excepcional tomada por el poder ejecutivo para anular una condena que sería contraproducente. El gobierno indultó a David Reboredo, un ex-toxicómano ya reinsertado y desintoxicado que iba a entrar en prisión por tenencia de heroína. Es un caso claro de buen uso de un indulto, corregir un efecto no deseado causado por el retraso en la aplicación de una sentencia.

En el de Matas y Del Nido la petición de indulto se está realizando no como algo excepcional, sino como un proceso más en el trabajo de la defensa para retrasar la entrada en prisión del defendido. A la serie de recursos y de peticiones a tribunales superiores para tratar de alargar el proceso el máximo tiempo posible, se suma ahora la petición del indulto.

Esto resulta un abuso claro de esta figura. El indulto debe ser algo excepcional y no un paso más normalizado en el transcurso de un proceso judicial. Al ser una decisión tomada por el poder ejecutivo, ni siquiera debería afectar a lo sentenciado por el juez. Si un juez ha decretado cárcel, estas personas deberían ir a la cárcel, pero pedir indultos como algo normal, como si fuera un recurso más, debería ser algo que estuviese fuera del proceso judicial.

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