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De tanto en tanto alguna comunidad autónoma anuncia alguna medida que favorece a sus ciudadanos. Por ejemplo, se está hablando de poner una renta básica en Extremadura en Extremadura. En la misma linea, el Tribunal Constitucional hundió el euro por receta por vulnerar la igualdad entre ciudadanos.

Parecen que ambas medidas vulneran el principio de igualdad. Pero son radicalmente distintas. La medida extremeña añade un derecho. El euro por receta obstaculiza un derecho. La igualdad, en un sistema político no centralizado, debería verse en función de unos mínimos. Existen unos derechos básicos, mínimos para todos los ciudadanos. Estos derechos no deben ser dificultados o puestos en peligro por las comunidades autónomas haciendo que un madrileño, o un catalán, vea dañado su derecho a la sanidad.

Ahora bien, no debemos tratar de evitar la puesta en funcionamiento de un nuevo derecho en nombre de la igualdad, aunque sea de forma regional. Cuando la igualdad se rompe por abajo, debemos evitarlo. Cuando se rompe por arriba, debemos permitirlo, pues produce un beneficio a unos ciudadanos sin un perjuicio al resto. Es de esperar que el resto de regiones vayan implantando dichos beneficios, presión social mediante.

En resumen, debemos invocar la igualdad para evitar perjuicios, pero no para detener beneficios.

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